Un estudio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) patenta que en Chile se usan más de 3 mil millones de bolsas plásticas al año. De ellas, menos del 1% se recicla. Desde 2009 que está en el Senado un proyecto de ley para prohibir su uso, así como lo han establecido por iniciativa propia, varias municipalidades del país.
Isabel Reyes Bustos
Convierten las bolsas plásticas en ovillos de lana. Venden y enseñan reutilización. Gisella, Pola y Gaba son quienes componen la organización La Bolsa Loca que nació con un propósito: crear artesanía con los desechos y educar sobre esta temática.
La Bolsa Loca participa en ferias y realiza talleres. Al inicio de cada taller, realizan una clase teórica para mostrar el impacto que tienen las bolsas plásticas en el medio ambiente. En la parte práctica, se resuelve el problema anteriormente planteado: “¿Qué hacemos ahora con las bolsas? La gente viene para saber qué hacer con las que tiene acumuladas en su casa”, dice Gaba.
Según un estudio realizado por la Conama, en Chile el uso anual de bolsas plásticas alcanza los 3 mil millones. Esto equivale a 250 bolsas por habitante al mes. De las cantidades ya dichas, menos del 1% se reciclan. El impacto en el medio ambiente comienza desde su proceso de fabricación, que consume grandes cantidades de energía, hasta su degradación que fluctúa entre los 2 y 4 siglos, período en que se afecta la flora y fauna tanto terrestre como oceánica. Además, provoca contaminación visual y de suelo lo que empeora la calidad de vida de las personas.
Es por esto que desde el 2009, existe un proyecto de ley que prohíbe la producción, importación, distribución y venta de las bolsas plásticas en el comercio, para reemplazarlas por aquellas de material biodegradable. Éste sostiene que: “Los lugares que se han sometido a examen sobre contaminación, exhiben partículas contaminantes derivadas del petróleo, como polímeros, poliéster y acrílico”. Todos estos, son componentes de una bolsa plástica. La entrada en vigencia la Ley Nº 6585-12 estaba premeditada para el 1 de enero de 2012, pero aún espera ser resuelta por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
En el rubro de producción, se les denominan “bolsas camiseta gruesa” y su fabricación alcanza en promedio 2 toneladas mensuales, es decir, 110 mil unidades. Es el caso de la fábrica Princeplast cuyos mayores clientes están vinculados al comercio.
Combatir el vacío legal
Hay ciudades que han dictado ordenanzas municipales para impulsar la reducción y prohibición del uso de bolsas plásticas. La pionera fue Pucón luego de que el municipio determinara que las bolsas eran el principal desecho del vertedero local. La aplicación de la norma va de manera gradual: hasta el 30 de junio se entregarán sólo 3 bolsas plásticas por compra. Desde el 1 de julio, esta cifra se reducirá a 1, para finalmente, en 2015, acabar con esta práctica.
Las localidades que han imitado a Pucón son Punta Arenas, Isla de Pascua y hace dos semanas, Concepción. Según Andrea Aste, miembro de la Dirección del Medio Ambiente: “existe una necesidad de relevar los temas ambientales. Nosotros tenemos 5 lagunas y si tú vas a verlas están llenas de bolsas”.
La ordenanza municipal penquista está en proceso de redacción y se presentará a fin de semestre. “El empacador está convencido que le hace un favor a la señora si le da 25 bolsas en vez de 5. La gente debe entender por qué hacerlo. Esto es mucha difusión, educación y participación ciudadana”, asegura Aste.
Para el senador Francisco Chahuán, uno de los autores del proyecto de ley, resulta fundamental retomar el tema y lo solicitó ante el Senado. “No podemos esperar que cada municipio dicte ordenanzas, pues eso tomaría demasiado tiempo, pero si a nivel legislativo se atrasa más de lo aconsejable, no hay que descartar esa vía”, menciona.
Iniciativas verdes
Tiene 32 años y dice ser el más viejo de su empresa. Aníbal Pastor, uno de los dueños de la Fábrica de Envases Reutilizables (FER), pasa el año en China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam y Chile, para verificar que todo funcione bajo las normas en sus sucursales repartidas por el mundo.
Era el año 2008 y Aníbal Pastor junto a su mejor amigo, Pablo Maturana, partían como “mochileros” a China. Su objetivo era encontrar proveedores para cumplir su idea: una fábrica de bolsas reutilizables. La historia se potenció cuando la hermana de Maturana, Fernanda, renunció a su trabajo para integrarse al emprendimiento. Cuando ellos negociaban en Asia, Fernanda ofrecía paralelamente el servicio a Cencosud. “Sabíamos que había que aplicarlo en un cabeza de serie, donde todos los demás lo imitaran”, dice Pastor.
FER es de las pocas empresas que tiene certificación B: usa herramientas de mercado para ofrecer soluciones a problemas sociales y/o medioambientales. Y es que los estudios internacionales señalan que una bolsa reutilizable reemplaza a 6 bolsas plásticas. “Nosotros hemos puesto en el mercado chileno más de 8 millones de bolsas, o sea, son 48 millones de bolsas plásticas menos”, comenta Pastor.
Estas iniciativas reflejan el origen de una tendencia e incluso, según Bernardita Labra, Gerenta de Princeplast, el rubro de la fábrica ha dado un vuelco: “Desde el 2009 que desarrollamos bolsas de origen vegetal y no en base a petróleo, que son biodegradables y usa los mismos procesos de fabricación que una bolsa convencional, pero emite menos CO2”.
El que contamina, paga
El 2013 entró al Congreso el proyecto de ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que busca atribuir un grado de responsabilidad por el impacto ambiental a quienes fabrican e importan productos.
Pablo Badenier, Ministro de Medioambiente, por su parte, cree que no se debería retomar el proyecto de ley que busca prohibir el uso de bolsas plásticas. “A través del proyecto de Ley de Reciclaje, que incorpora la REP, se creará un instrumento que podrá desincentivar el uso de estas bolsas en forma gradual”, sostiene.
Pero quienes no coinciden con esta medida son el Movimiento de Recicladores de Chile y la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla). Ambos, refutan el hecho de que la REP se centre sólo en el productor. A pesar de que aseguran que la propuesta es una vía exitosa a nivel mundial, para que funcione efectivamente, deben participar todos los actores de la cadena: ciudadanía, Estado, municipios y sector privado. “Los ciudadanos deben hacerse cargo de sus residuos, el Estado debe poner los incentivos en pro del reciclaje y la educación, los municipios abrir sus puertas, y el sector privado contar con la infraestructura y logística para el reciclaje”, expresa Mariela Formas, Gerente de la Asipla.
Desde 1979 existe un decreto que exime casi a un 70% de la ciudadanía a pagar por la recolección de basura. Según Formas, ello, implica la dificultad de implementar políticas básicas para que la REP funcione: “Esto impide instaurar los incentivos adecuados para el reciclaje: si reciclo, no pago y si boto basura me va a costar dinero”. Por otra parte, el hecho que la ley excluya a los municipios, quienes tienen la potestad total de la basura, torna difícil el cumplimiento de la REP por parte de los productores si los municipios no adhieren a ella. Para la Gerenta de Asiplas existe también un tercer eslabón en el problema y son los recicladores y empresas gestadoras de reciclaje: “Deben poder acceder a estos residuos valorizables en forma transparente y formalizada, y no a través de un sortear un mercado monopólico”.
Queda de manifiesto que Chile no tiene cultura de reciclaje pues a pesar de que existe la capacidad industrial para ejercerlo, son más de 15 mil toneladas de basura plástica la que se importa para utilizar en las plantas de reciclaje. Para Mariela Formas es de carácter urgente incorporar a la ciudadanía y a los municipios para que el proyecto REP se transforme en una iniciativa país que conduzca a un cambio cultural y así, en una mayor cultura sustentable.
