Proyecto de embalse:

Punilla: la pesadilla de San Fabián

La presidenta Michelle Bachelet anunció en su discurso del 21 de mayo la construcción del embalse Punilla, ubicado en San Fabián de Alico en la región del Bío Bío, que se iniciará durante su gobierno. El proyecto inundará 1700 hectáreas, expropiará a 327 familias, destruirá una zona declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera y expondrá a la población a un gran riesgo frente a una eventual erupción del volcán Nevados de Chillán.

Isabel Reyes Bustos

Lorena Navarrete vive en San Fabián de Alico. Para llegar a su casa ubicada en el sector Los Sauces, toma un bus en el pueblo que recorre por dos horas el camino hasta la cordillera. Al bajarse, atraviesa en un carrito colgante un río y luego camina por 40 minutos. Cuando terminó la enseñanza media, se fue de la comuna para estudiar turismo y lograr cumplir su sueño: volver a sus tierras y aprovechar la riqueza turística de la zona. Una vez titulada fue a pedir apoyo financiero al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). “Cuando conté que venía de San Fabián, me dijeron que no podía postular porque en un futuro se iba a construir un embalse. Entonces serían fondos perdidos si es que me lo aprobaban”, dice.

Mide 136,5 metros, un poco más alto que la torre Entel y se convertirá en el segundo embalse más grande de Chile después de la caída de Hidroaysén. El proyecto Punilla es liderado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del ministerio de Obras Públicas (MOP) y pretende ser emplazado 30 kilómetros más arriba de la comuna de San Fabián de Alico, en la región del Bío Bío. Se trata de un embalse multipropósito que busca regular los recursos hídricos del río Ñuble para dar seguridad al riego y prevenir así las sequías. La obra extenderá el área de riego a las comunas de Coihueco, Chillán, Ñiquén, San Carlos, San Fabián y San Nicolás. Además, generará energía hidroeléctrica que se conectará con el Sistema Interconectado Central del país.

Las falencias que aquejan al proyecto son múltiples. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no especifica la ruta por donde pasará el tendido eléctrico. Además, si bien San Fabián sería una de las zonas beneficiadas con agua para riego, no se presenta un plan que construya un canal que abastezca al pueblo.

90 años postergados

Desde hace 90 años que el proyecto embalse Punilla existe en la memoria de los san fabianinos. Aquellos que viven en la cordillera, donde será la zona de inundación, han coexistido durante años con un alto nivel de pobreza. No hay puentes, caminos apropiados, pasarelas, luz eléctrica ni señal telefónica. Han sido postergados por las autoridades. “El Estado no ha apoyado al campesinado o a la gente que está haciendo patria allá arriba al vivir al lado de Argentina”, dice Claudio Almuna, afectado y miembro de Ñuble Libre, organización en contra del proyecto.

Recién el año 2004 el Servicio regional de Evaluación Ambiental (SEA) presentó el proyecto a la comunidad con los estudios de impacto ambiental. En ese entonces, se formó el Comité de Afectados por el Embalse Punilla para realizar distintas observaciones al MOP. “Nosotros no estábamos capacitados, no entendíamos mucho qué significaba una evaluación de impacto ambiental. Hicimos lo que más pudimos. Para un proyecto tan grande como el Punilla, son muy pocas las observaciones que hay”, dice la afectada Lorena Navarrete. Incluso la municipalidad de San Fabián, en ese entonces, no hizo ninguna intervención. Fue en 2010 cuando la Corporación Regional del Medio Ambiente del Bío Bío (Corema) aprobó la obra. “Desde ese día, que estamos con el temor cada vez más presente”, dice Navarrete.

Hoy, la municipalidad de San Fabián de Alico, liderada por Lorena Jardua, trabaja desde 2013, junto a abogados de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) para revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del embalse. El proyecto fue aprobado antes de la reforma a la ley de medio ambiente. Pero, Gabriela Burdiles, abogada de la FIMA, asegura que se está utilizando la nueva modificación de la ley que establece que las RCA pueden ser revisadas cuando existan variaciones ambientales que no se tuvieron en cuenta anteriormente.

En esa línea legal, el SEA declaró inadmisible la revisión pues éstas sólo se pueden dar una vez iniciadas las obras. Esto, pues, según la modificación a la ley, si pasan más de cinco años sin que se inicien, entra en operación la caducidad. “Al enterarnos de esto, fuimos directamente al Tribunal Ambiental, en virtud de una norma que establece que cualquier ilegalidad o infracción a la ley debe ser conocida por el Tribunal”, dice Burdiles. Frente a esta petición, el Tribunal se declaró incompetente porque exige que el tema debe ser conocido por el Comité de Ministros, la segunda instancia después del SEA. “Vamos a tener que apelar la resolución del Tribunal y también seguir lo administrativo e ir al Comité de Ministros. Utilizaremos todas las vías que nos permitan una reevaluación del proyecto”, asegura Burdiles.

Habitantes bajo el agua

El 21 de mayo de este año, la presidenta Michelle Bachelet se refirió en su discurso a la construcción de la represa. “Iniciaremos la licitación, concesión y explotación del Embalse Punilla en la provincia de Ñuble, para proveer de riego la zona”, dijo. Frente a este anuncio, los san fabianinos sienten más urgente la necesidad de reevaluar el proyecto por las falencias que contiene. “Nosotros queremos que este proyecto se detenga, porque no tiene las evaluaciones que corresponden. No sé cómo se construyen cosas con peligros a las personas. No estamos siendo tomados en cuenta, no existimos”, dice Wladimir Fuentes, presidente de la Junta de Vecinos Las Guardias.

El número de gente afectada es una de las principales variables por las que se está solicitando revisar las RCA. En 2010, el informe del proyecto presentó un total de 67 familias que serían expropiadas puesto que se consideró sólo el área de zona de inundación. La realidad hoy es distinta. Según un catastro realizado en 2013 por la municipalidad junto al Comité de Afectados, la cifra aumentaría a 372 familias. En total equivaldría a 1264 personas, considerando a la gente que sin residir en la zona, posee terrenos y a todas las personas que habitan a orillas del camino hacia la presa. Lo último tampoco fue estipulado en el plan.

La única vía para llegar a la zona del embalse es la ruta N31, un camino de tierra de una sola pista, que por las habituales lluvias y nevazones, está en mal estado. El ministerio de Obras Públicas recién comenzó un estudio para ensanchar la ruta de cuatro metros a siete, lo que implica más expropiaciones.

Los trámites para expropiar a los habitantes comenzaron el año pasado. La casa de Lorena Navarrete queda en la zona de inundación. “A mí me da impotencia y pena ver a mi mamá que recibió su casa por subsidio tan emocionada en agosto y en diciembre, viene el mismo gobierno a decirnos que seremos expropiadas. Fue la peor navidad y año nuevo de nuestras vidas. Estábamos en shock”, recuerda.

Los habitantes además denuncian que existe un informe emitido por Contraloría que asegura que la DOH puede expropiar sólo si se trata de un embalse de regadío, pues si fueran obras para la generación de energía, la entidad titular sería otra. Es por eso que el informe concluye que “el ministerio de Obras Públicas puede ejecutar el proyecto Embalse Punilla mediante el sistema de concesiones de obras públicas en lo que respecta a las obras de riego, pero se encuentra impedido de conceder en el marco de ese sistema la construcción y explotación de obras de generación de energía eléctrica, por no corresponder a esa Secretaría de Estado, conforme con su competencia”.

Una bomba de tiempo

Según un informe emitido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) este año, la zona de San Fabián de Alico es un punto rojo en una eventual erupción del volcán Nevados de Chillán. Para Andrés Tassara, geólogo de la Universidad de Concepción que estudia actualmente el caso, son factores de riesgo que deberían ser considerados en el proyecto. Frente a una emergencia así, la emanación de lava que llega hasta las laderas del macizo, fundiría el casquete glaciar de tal manera que las avalanchas de lahares –mezcla de sedimentos y agua– alcanzarían las decenas de kilómetros de distancia. Todo esto, junto a flujos piroclásticos, de materia incandescente y cenizas. “Si ocurre, se generaría una ola gigantesca en el embalse que puede romper el muro o sobrepasarlo y caer río abajo produciendo un aluvión de grandes proporciones. Se destruiría el proyecto y expondría a toda la población a un riesgo gigantesco”, advierte el geólogo.

Después del terremoto de 2010, la municipalidad de San Fabián de Alico solicitó apoyo al Sernageomin para evaluar el peligro de los deslizamientos de tierra que se vieron en el territorio. Sobre la roca donde se proyecta la construcción del muro del embalse Punilla se percibió un desplazamiento vertical en una falla de entre siete y diez centímetros. En el informe emitido, la entidad aconsejó “estudiar en detalle la traza de la falla observada y reevaluar el sector propuesto para el muro ya que puede corresponder a un área inestable, inadecuada para el emplazamiento del muro proyectado”. “Entre todos esos factores se configura una situación de multiriesgo que es bien compleja de manejar. Yo creo que sería un tremendo error realizar el proyecto sin considerar estos componentes”, dice Tassara.

Mágico lugar de ríos y montañas

Tal como lo dice el eslogan de la comuna, “Mágico lugar de ríos y montañas”, San Fabián de Alico cuenta con un patrimonio natural único que en el año 2011 fue declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Un año después fue aprobado el proyecto. Este título implica que la zona es un área geográfica representativa de diferentes hábitats del planeta que abarcan ecosistemas únicos. “Nosotros somos una comuna turística y este proyecto va a destruir nuestra principal fortaleza: los recursos naturales. Vamos a estar invadidos por todo esto”, dice Wladimir Fuentes, presidente vecinal y dueño de un camping.

De las 1700 hectáreas que el Punilla pretende inundar, 700 pertenecen a bosques nativos, hogar de la especie de nuestro escudo nacional, el huemul. Es por esto que dentro de las RCA también está pendiente la protección del animal. El Taller de Huemules, como es llamado el estudio, dice que van a expropiar más terrenos para declarar una zona de preservación de la especie. Según lo que dice el sitio web del proyecto: “El embalse Punilla será un polo turístico importante para la zona, especialmente en la comuna de San Fabián de Alico, donde se desarrollarán deportes náuticos (…)”. De ser así, la zona quedaría reservada y sin acceso para las personas ni menos para el desarrollo turístico. De todos modos, se estima que a fines de junio estarán publicadas las conclusiones.

Lorena Navarrete sube a su casa sólo durante los fines de semana. El resto de los días se queda en el pueblo ya que trabaja en la oficina de turismo de la municipalidad. Ella reafirma que con la llegada del embalse se va a perder todo el potencial turístico de San Fabián de Alico. “Estamos trabajando y proyectando nuestro eje de desarrollo en el turismo. Y ahora, se nos viene esta avalancha que nos deja atados de mano”, dice la san fabianina.

Catastro realizado por Universidad de Chile:

128 especies exóticas amenazan la flora y fauna chilena

El Ministerio del Medio Ambiente trabaja junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en la elaboración de un plan de acción nacional para regular y erradicar a las especies exóticas invasoras que amenazan la biodiversidad de nuestro país.

Isabel Reyes Bustos

Matan bosques, construyen diques y represas desviando los causes de las vertientes. Los castores se han convertido en la principal amenaza del paisaje y ecosistema del sur de Chile. Para Rocío Valenzuela, encargada del medio ambiente de la municipalidad de Tierra del Fuego, la situación es crítica y totalmente descontrolada. “Las únicas medidas paliativas que existen hoy, a corto plazo, son la caza y las trampas”, dice.

Para acabar con esta situación, el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando junto a la CONAF y el SAG, en un Plan de Acción Nacional para erradicar a las Especies Exóticas Invasivas (EEI). Éstas son especies que fueron transportadas a un hábitat que no corresponde a su distribución normal y son la segunda causa de extinción de animales en el mundo.

Previo al desarrollo del proyecto, se cuantificó por primera vez en Chile, a través de un catastro, las EEI presentes en las 15 regiones del país, obteniendo como resultado la presencia de 128 especies que amenazan la biodiversidad y el ecosistema. El subsecretario del medio ambiente, Marcelo  Mena, asegura que su control es cada vez más importante.

Según el estudio de la Universidad de Chile, los casos emblemáticos en el país fueron la chaqueta amarilla, el visón, el didymo, el castor e incluso, el perro. Petra Wallem, miembro de la investigación, asegura que las pocas especies que tienen un gran impacto ya están distribuidas a lo largo del país. “Las especies introducidas llegan a un ambiente nuevo y reestructuran y modifican todo, afectando al ecosistema, paisaje, diversidad y fauna nativa”, dice Wallem.

El plan cuenta con un proyecto piloto que está siendo aplicado en el archipiélago Juan Fernández. Antonio Molpeceres, representante del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, organización que financia las acciones en la isla, dice que se busca definir los marcos políticos, legales y financieros para reducir los riesgos de expansión de EEI: “Se quiere implementar un sistema integrado de control como proyecto en el archipiélago y desarrollar así, herramientas y estrategias para ser replicado a nivel nacional”.

Hoy, ya existen ocho especies perdidas en la isla. “Si no hacemos algo, en unos diez años más van a ser 20”, agrega Fernando Baeriswyl, coordinador nacional del plan piloto. Para evitar que esto ocurra el SAG colaborará controlando el ingreso de las especies. “En esa etapa es donde se debe inspeccionar, detectar, interceptar, decomisar y destruir”, asegura Roberto Rojas, jefe de la División de Protección de Recursos Naturales de la institución.

Copa América 2015:

Un estadio en pañales

De los ocho recintos nacionales sedes para la Copa América de junio de 2015, sólo tres contaban con los estándares exigidos: el Estadio Nacional de Santiago, el Regional de Antofagasta y Germán Becker de Temuco. Los cinco restantes debieron ser remodelados. Dentro de ellos, está el Estadio Ester Roa de Concepción, el más atrasado que presenta sólo un 11% de avance y está a la espera de una nueva empresa luego de que se terminara el contrato con Copasa.

Isabel Reyes Bustos

Grúas detenidas, fierros oxidados y butacas destruidas. El estadio Ester Roa de Concepción se encuentra hoy a la espera de una nueva adjudicación para ser remodelado antes de junio de 2015. Esto, luego de que Natalia Riffo, ministra de deporte, anunciara el término del contrato con Copasa, empresa española que se había adjudicado la obra y que comenzó sus trabajos en noviembre de 2013.

Los principales ejes de remodelación del estadio consideran nuevos codos sur y norte, la construcción de cubierta en las tribunas, remodelación de graderías, espacios exteriores peatonales como estacionamientos, ampliación de espacios interiores, de la cancha de fútbol y de la pista atlética. Incluirían también, una nueva edificación para acomodaciones preferenciales y de prensa, de tecnología audiovisual y de seguridad, así como de otros estándares recomendados internacionalmente.

Concepción siempre presentó un retraso respecto a los otros cuatro estadios que serían remodelados. En la aprobación de los recursos hubo dos licitaciones fallidas por no cumplimiento con el precio máximo que se estaba dispuesto a pagar: 12 mil millones de pesos. Esto, debido a que en el Concejo Regional, hubo muchos miembros que insistían en que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fuera la unidad técnica, cuando en todos los otros casos, era el Instituto Nacional del Deporte (IND). Esto demoró un año pues la legislación para licitar del MOP es muy distinta a la del IND, más compleja y por lo tanto, más lenta y cara. Cuando ya se asignó al IND como unidad técnica y para llegar al presupuesto, se eliminaron y licitaron a parte una serie de partidas, como, la tenso estructura, la punta sintética, el pasto, la iluminación, los tableros, entre otras.

Para Álvaro Miguieles, seremi del deporte de la región del Bío-Bío, éste fue uno de los errores que se cometieron. Así también, cree que el contrato directo entre Copasa y el IND favorecía más a los intereses de la empresa que a los del Estado. “Se aceptó una carta Gantt que era de muy poco trabajo en los primeros meses. No se establecían mecanismos de control entonces el contrato le permitía a la empresa un ritmo de trabajo insuficiente y no le otorgaba al IND las facultades para poder modificarlo. No había cómo apurarlos”, dijo.

Además, el gobierno anterior estableció un modelo de trabajo que fue perjudicial para el cumplimiento de los plazos en relación a la resolución de los llamados “requerimientos de información” (RDI). Como se trataba de la remodelación de una estructura, habían muchas dudas técnicas que surgían sólo durante el desarrollo del trabajo. Los RDI eran resueltos en Santiago y podían demorar entre 20, 30 y hasta 60 días. “Se trataba de un centralismo inexplicable. En Santiago se tomaban una cantidad de tiempo increíble donde la empresa señalaba que no podían trabajar pues no tenían el problema resuelto”, dice Miguieles.

Las razones que sustentaron la decisión de las autoridades de finalizar el contrato con Copasa fueron dos. Un informe realizado por el IND que incluyó una revisión técnica, administrativa y financiera arrojó que el avance real de las obras era de 11% en circunstancias que, según la propia carta Gantt, debía haber uno de alrededor de 40%. Conjuntamente, el ministerio de deporte contrató a Ingenet, empresa de ingeniería, para que hiciera una auditoria de higiene y seguridad. Los resultados detectaron fallas en ambas normas. Desde la falta de protectores auditivos, guantes, de cordones de seguridad para aquellos que trabajaban a más de dos metros de altura, hoyos sin barandas, entre otras.

Así lo corrobora Mario Aránguiz, estudiante de ingeniera civil que trabajó durante dos meses en la remodelación del estadio. Cuando trabajaba en el subterráneo extrayendo información, el polvo que había producto de las demoliciones dificultaba su trabajo. De hecho, las dos primeras semanas que estuvo nunca le facilitaron mascarillas ni protectores para los ojos. “Terminé con la garganta súper mal. Después me entregaron unas mascarillas que no servían mucho por que eran de esas que usan los dentistas”, cuenta.

Nuevas autoridades, nuevas propuestas

Después de la finalización del contrato con Copasa, la nueva administración creó el Comité Operativo Asesor, integrado por especialistas del IND, del MOP y profesionales en construcción de la Municipalidad de Concepción, para no cometer errores en esta nueva etapa. Su participación será en las bases de la licitación, en la inspección técnica de la obra y en el proceso de control de gestión del proyecto durante el período de desarrollo. La nueva licitación será privada, es decir, se invitan a empresas a presentar ofertas. “Ya se han invitado a participar a empresas que conocen el proceso o que lo hicieron en las licitaciones fallidas pues saben de qué se trata, conocen los planos, las dificultades, etc”, dice Miguieles.

Otra gran diferencia es que, esta vez, se va a licitar la obra en un 100%. Lo más probable es que sea mediante un modelo que se denomina “pago contra recepción” que implica la valorización de la totalidad de la obra por parte de la empresa que asume el riesgo. De esta forma, ellos deciden si subcontratan a otras para las especialidades. “Podríamos suponer que Cidelsa, la empresa que se adjudicó la tenso estructura pero cuyo contrato no se firmó debería ser contratada. Ellos ya saben y tienen los planos listos”, dice el Seremi.

Los errores que se cometieron, según Miguieles, son responsabilidad de las autoridades anteriores. “Ruiz Tagle es el responsable de esto. En vez de haber agregado mil millones de pesos en febrero, debió haber terminado el contrato. En ese tiempo, él ya tenía elementos que le permitían tomar una decisión como la que tuvimos que tomar nosotros”, dice.

Una mirada técnica

En teoría, en marzo debería estar listo el estadio. Teniendo en cuenta que la nueva licitación se realizará a fines de julio y que los trabajos se retomarán en agosto, la interrogante que surge es si hay posibilidad de terminar el Ester Roa en ocho meses y estar apto para la Copa América. Para Marcelo Reyes, ingeniero civil y colaborador en la construcción del estadio CAP del club deportivo Huachipato, es imposible que en las condiciones actuales se pueda concluir exitosamente el proyecto. “No debemos olvidar que el estado original del estadio, desde el punto de vista estructural era complicado. Por lo tanto, si se toman en cuenta las obras de refuerzo, reparación y acondicionamiento, a los nuevos niveles de servicio, los plazos son insuficientes”, dice.

Desde su experiencia cuenta que el estadio CAP demoró cerca de dos años desde el inicio de su construcción. Su diseño de estructura metálica y su envergadura son, sin duda, diferentes y más sencillas que el estadio Ester Roa. “Si las autoridades o los responsables de la conclusión del proyecto, se empeñan en dar un término en las fechas estipuladas inicialmente, puedo garantizar que técnicamente la obra será deficiente, con etapas inconclusas y como de costumbre será fruto de la improvisación”, asegura. Según él, se deben fijar nuevos plazos, reevaluar las metas y objetivos y contrastar con la situación actual del proyecto para ejecutar una obra que tenga sustentabilidad en el tiempo. “En mi opinión, las autoridades están evitando informar la realidad de la situación por un tema político, pero ya debieran estar informando”, sostiene Reyes.

Preocupación es lo que sienten los penquistas ante la posibilidad de perder la sede de la Copa América, considerando que para el mundial del 62’ ocurrió una situación similar tras no poder utilizarse el estadio por el deplorable estado luego del terremoto del 60’. El plan de las autoridades es simple: trabajar 24 horas diarias, en tres turnos, los siete días de la semana. Sólo así existirá la posibilidad de que el Ester Roa deje de ser sólo fierros.

Matías Asún, director Greenpeace Chile por Andina 244:

“Hay información insuficiente, confusa y equivocada”

Dos mil observaciones tiene el nuevo proyecto Andina 244 de Codelco que busca extraer de 92 mil toneladas diarias, como lo es hoy, a 244 mil. El proyecto carece de líneas bases que definan el impacto que tendrán en los glaciares y por lo mismo, ha sido criticado por diferentes sectores. En un seminario realizado ayer por el Instituto Libertad se analizó la situación actual de los glaciares en Chile y su legislación.

Isabel Reyes Bustos

Existen 25 faenas mineras con posible impacto en glaciares en Chile, Argentina y Perú, según un estudio de la Universidad de Waterloo por el científico Alexander Brenning. Dentro de ellas se encuentran Codelco con su división Andina y Angloamerican, con Los Bronces. La sobrecarga de material estéril por parte de las mineras han aumentado la tasa de deformación de los glaciares de un metro al año a más de 20 metros anuales. “La ciencia no da respuesta al quehacer de los glaciares, sino que son decisiones políticas y sociales”, expresó Brenning.

Así ocurre con Andina 244 de Codelco que busca ampliar la mina a rajo abierto para tener una capacidad de extracción de 92 mil toneladas diarias a 244 mil. El proyecto, en su evaluación, recibió dos mil observaciones, y superó a Hidroaysén que obtuvo 1800. Matias Asún, director de Greenpeace Chile aseguró que denunciaron tres faltas importantes en relación a los glaciares. “Hay información insuficiente, confusa y equivocada. Como en Chile no tenemos una ley clara de protección de glaciares, que es lo que estamos buscando, eso hoy es perfectamente legal”, aseguró.

Sólo el 2,5% del agua del mundo es dulce; y de esa, el 69% se encuentra almacenada en glaciares. Según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Chile concentra el 80% de las superficies glaciares en Sudamérica, un país rico de un recurso que se torna cada vez más escaso.

Bajo el título “Progreso económico y glaciares ¿es posible conjugar ambas esferas?” se desarrolló ayer el seminario organizado por el Instituto Libertad. Frente a la interrogante ya planteada, Pablo Badenier, ministro del medio ambiente, aseguró que sí es posible conjugarlas. “La sustentabilidad no sólo es una exigencia para nuestro desarrollo económico, si no también una condición crítica para nuestra paz social y seguridad geoestratégica”, afirmó.

Actualmente, la Dirección General de Aguas –bajo la cual figuran los glaciares– trabaja en una red glaciológica. Pero, según Alberto Undurraga, ministro del MOP, debe haber una regulación adicional pues los códigos de aguas no son aplicables a los glaciares. Así, Chile definirá las actividades en sus glaciares y bajo qué condiciones. “Estamos trabajando en una regulación específica con un proyecto de ley para enviar al parlamento que dé la protección adecuada a los glaciares”, aseguró.

Durante el seminario llegaron manifestantes a las afueras del lugar y catalogaron el evento como una “desglacia”. Según, Consuelo Infante, vocera de la manifestación, los organizadores de la instancia son los mismos que devastan los glaciares. “Nadie en este seminario puede decir que la mega minería en el ecosistema glaciar no devasta nuestros recursos hídricos”, criticó. En cuanto a Andina 244, Infante cree que es un proyecto letal de la cuenca de la Región Metropolitana y del valle de Aconcagua. “Es urgente una ley de protección de glaciares y no de autorización para una reducción un poco más lenta”, dijo.